La cuenta atrás ha comenzado. Si con la protección que concede la moratoria hipotecaria los desahucios no paran, sin ella se prevé una catástrofe habitacional. Así lo aseguran desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València, que explican que más de 2.000 familias en la Comunitat Valenciana pueden perder su casa durante las próximas semanas si no se amplía y mejora la moratoria hipotecaria.
La norma surgió tras la crisis de 2008 y supone la suspensión de forma temporal de los pagos de la hipoteca de una vivienda tras quedar demostrado que los abusos de la banca en pleno boom inmobiliario y la crisis económica hizo que numerosas familias perdieran su casa o estuvieran en riesgo de que eso ocurriera.
La moratoria hipotecaria está vigente desde hace 11 años y fue prorrogada por última vez en 2020 con una fecha fin del 15 de mayo de 2024 que corta la respiración a entre dos mil y tres mil familias en la Comunitat Valenciana. La cifra responde a ese 10 % que ser aplica a la autonomía porque la realidad es que uno de los portavoces de la PAH de València, José Luis González Meseguer, explica que no hay manera de que las autoridades den a conocer la cifra exacta de afectados. «Ni los ministerios de Economía y Justicia, ni la Secretaría de Vivienda lo han aclarado, por lo que las cifras que manejan son las publicadas en septiembre de 2017 por el Ministerio de Economía y que cifraban en las 27.600 familias afectadas», asegura González Meseguer.
La PAH exige que la moratoria se amplíe de forma urgente cuatro años más y plantea dos vías de acción: que se facilite a las familias la propiedad definitiva de las viviendas mediante el «derecho de tanteo y retracto» o que el Gobierno las convierta en parque público, negociando un precio nunca superior por el que se adquirieron.
La entidad ha previsto hasta el procedimiento a seguir. «A quienes se le reconoció el derecho, que se mantenga, previa presentación de una declaración jurada que no se han modificado las condiciones por las que accedió a la suspensión de los lanzamientos. Sin embargo, es más adecuado la concesión automática, porque la presentación de documento previo puede implicar nuevo posicionamiento judicial que suponga reevaluación. Y en segundo lugar está la posibilidad de solicitar la suspensión del lanzamiento a quienes la solicitaron con respuesta negativa al modificarse las condiciones en la actualidad y cumplir los requisitos», explican.
Modificaciones planteadas
Además, la entidad plantea modificaciones al contenido de la norma como «que se sustituyan las prórrogas por el reconocimiento del derecho hasta que no se ofrezca una alternativa habitacional por las administraciones» y como fórmula proponen «negociar con la propiedad la conversión de estas viviendas en parque público».
Por otra parte, también piden una flexibilización de requisitos «para que se reconozca este derecho de suspensión de lanzamientos a todas las unidades de convivencia que sean vulnerables y carezcan de alternativa habitacional» y que se reconozca la moratoria aunque el préstamo impagado sea o no una hipoteca «ya que muchos procedimientos son por refinaciación, por ejemplo».
