Las empresas y entidades de Servicios Sociales pedían más tiempo para cumplir con un decreto de Tipologías aprobado hace un año, que les obligaba a aumentar las plantillas, adecuar los perfiles profesionales, modificar los espacios y adaptar el número de usuarios a la nueva normativa, entre otros aspectos.
La llegada de Susana Camarero al frente de la Conselleria de Servicios Sociales supuso el compromiso de modificar una nueva norma criticada (incluso denunciada en los tribunales) tanto por la patronal de residencias como por 14 entidades más. La «forma» ya ha sido modificada ya que el pleno del Consell dio ayer luz verde a un nuevo calendario para cumplir con el decreto de Tipologías. Ahora, falta «el fondo».
Tal como anunció Levante-EMV, el Consell añade un periodo de dos años más para que los centros autorizados adapten sus instalaciones, y también se amplía en un año más para que los centros adapten sus plantillas, figuras profesionales, ratios y titulaciones a los criterios o requisitos establecidos. Así, se fija 2027 como el plazo que tendrán la gran mayoría de centros para ponerse al día con la nueva norma.
Sin embargo, las residencias de mayores contarán con un plazo mayor que el resto ya que, según marca el decreto, tendrán hasta el 31 de diciembre de 2029 para cumplir con lo establecido. Ese es el mismo plazo que concede el calendario estatal propuesto por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía Personal, aunque a nivel nacional también se incluyen los centros residenciales para personas con discapacidad, que en el decreto autonómico tienen un plazo de dos años y no de cinco, como sí ocurre con las residencias de mayores.
Licitaciones pendientes
Ahora bien, se desconoce con qué características definitivas tendrán que cumplir las empresas y entidades del sector ya que está prevista una reforma del «fondo» de la norma, que pretende dar respuesta a las quejas presentadas. Sin embargo, la conselleria necesitaba dar luz verde al decreto ya que, de no hacerlo, tampoco se podían iniciar las licitaciones de los centros que se encuentran en una situación de enriquecimiento injusto, como es el caso de «todos» los centros de mayores y «muchos» de dependencia, menores o de día.
Por eso, se modifica primero la forma y después, el fondo. Así, se posibilita la licitación de «muchos de los contratos de los centros que hoy están en enriquecimiento injusto», y de esta forma se permitirá «la continuidad de las prestaciones» y se garantizará «la seguridad laboral de los profesionales para que no tengan sus contratos en el aire y sin saber si van a cobrar la nómina».
Camarero detalló que «todas las residencias de mayores están con prórrogas de contrato» y en «enriquecimiento injusto» y que serán licitadas «poco a poco», como «también muchos de los centros de día de personas mayores, muchos de los centros de personas con discapacidad y muchos de los centros de menores».
Camarero indicó que el Consell inició la legislatura con una deuda de «más de 100 millones de euros en muchos de estos centros, lo que ha supuesto que durante muchos meses haya profesionales que han tenido sus nóminas sin poderlas cobrar o en riesgo de no poderlas cobrar y se hayan estado pagando esos enriquecimientos».
Aerte pide un un cambio de "mayor calado"
La patronal valenciana de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) considera «un buen paso» los cambios introducidos por el Consell en el decreto sobre Tipología de centros de servicios sociales, pero pide una reforma «de mayor calado» de esa norma.
Y es que las residencias de atención a personas con problemas de salud mental «deben incrementar el personal exigido un 130 %, con lo que un centro de 40 plazas debía pasar de 20 trabajadores a 46 en el plazo de un año. El presidente de Aerte, José María Toro, cree que se debería continuar de manera rápida con una reforma de calado del decreto, «para hacerlo eficaz y viable para las familias, las entidades y la Administración».
Aerte valora que la conselleria pretenda abrir un periodo de tiempo que permita consensuar con las entidades más representativas del sector una nueva redacción del decreto que sirva para mejorar la atención ofrecida a las personas con necesidades de apoyo.
